IU Sevilla apoya la iniciativa de asociaciones ciclistas, senderistas, ecologistas, defensoras del patrimonio y defensoras de los caminos públicos, para determinar la legalidad y la responsabilidad de la demolición de la estación de La Rigüela (Guillena).

Según estos colectivos, entre los que se encuentran A Contramano, Asedeca y Ecologistas en Acción, la estación de La Rigüela (situada en el km 53 del antiguo trazado de ferrocarril de las Minas de Cala a San Juan de Aznalfarache, entre las provincias de Sevilla y Huelva), lleva desde el pasado 29 de mayo sometida a obras de demolición del edificio de la antigua estación y del depósito de aguas, lo que ha supuesto acumulación de escombros en la ladera hacia el río, movimientos de tierras de gran volumen y labores de desmonte fuera del período establecido en el plan de la zona protegida "Ribera de Cala y Huelva".

A pesar de la comunicación al SEPRONA y a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre las irregularidades que se estaban produciendo en contra de la legislación de aguas y ambiental, con indicios evidentes de delito ambiental, la actividad no cesó en los días siguientes ni consta intervención alguna para revertir lo realizado e impedir mayores daños irreversibles al medio natural. En este sentido, los colectivos denunciantes consideran que la inacción de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible puede calificarse como prevaricación por omisión.

Este asunto ha sido trasladado a nuestra portavoz en Diputación, María Izquierdo, quien llevará una iniciativa al pleno proximo. Por su parte, nuestro parlamentario andaluz, Ismael Sánchez, ha registrado una pregunta, dirigida a la Mesa del Parlamento de Andalucía, en la que se insta a la apertura de expediente “para determinar por qué, pese a tener constancia a través de instancias en el registro telemático de la administración, no se ha actuado a tiempo de evitar la comisión de varios presuntos delitos ambientales en el espacio protegido de Ribera de Huelva y Ribera de Cala”.

Además, las asociaciones consideran que la Consejería debe rendir cuentas de las acciones que han llevado a cabo relacionadas con este caso, así como las sanciones o denuncias hacia los responsables de la comisión de estos presuntos delitos ambientales en la Ribera de Huelva y plataforma del ferrocarril de Cala, además de investigar sobre las posibles consecuencias de las obras, su legalidad medioambiental, la depuración de responsabilidades y el inicio del proyecto de conversión de dicho trazado en Vía Verde de Cala para garantizar su uso público, integrándolo en la red europea EUROVELO.

(Foto de cabecera y más información en este artículo de Juan C. Romero en El Salto).