MANIFIESTO    EN DEFENSA DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES DE ANDALUCIA
Izquierda   Unida   Los  Verdes  -  Convocatoria  por  Andalucía   ha  sido  desde  su fundación una fuerza política  profundamente municipalista. IULV-CA, desde los Ayuntamientos  que  dirige,   pone  en  práctica   formas  de  gobernar  diferentes, cercanas a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora,  con preocupaciones por los derechos sociales  de sus vecinos y vecinas.  Una defensa de los derechos desde lo local aún más importantes en los momentos que vivimos, donde el Ayuntamiento,   como   administración   más   cercana,    realiza   y   debe   seguir realizando  un papel de atención  mayor y más sensible  a las personas que peor lo están pasando.

IULV-CA,  en  coherencia   con  su  espíritu   municipalista, se opone  y rechaza  el Proyecto  de  Ley para  la  Racionalización y Sostenibilidad de  la  Administración Local. Este Proyecto de Ley, que representa la demolición del poder local, se fundamenta en los principios de recentralización política  y privatización, ahora aplicados al ámbito de las Administraciones Locales. Estos principios fueron consagrados    por   la   Ley   de    Estabilidad   Presupuestaria    y   Sostenibilidad Financiera,   que  desarrolla   el  artículo   135   de  la  Constitución  Española,  un artículo   modificado a espaldas  de  la  ciudadanía   y que  prioriza  el  pago  de  la deuda  sobre  cualquier   otro  gasto,  y  pone,  en  definitiva,  a  los  gobiernos  al servicio de los mercados.

El Gobierno  del  PP plantea  una  reforma  de  la  Administración Local  de   claro corte  neoliberal y autoritario. Se vuelve  a  utilizar   la  crisis  como  excusa  para imponer  una Ley injusta  que va en contra de los intereses de la mayoría social.

La degradación  de los servicios  públicos, fruto  de las políticas  de recorte,  está afectando   a  la  vida  cotidiana  de  las  personas  y  al  funcionamiento  de  una economía cada vez más deprimida y en recesión.  Los recortes no hacen más que ahondar  en  esta  situación   regresiva,  perjudicando,  a  su  vez,  a  las  cuentas públicas  por la reducción  paralela de ingresos. Mientras,  se trasvasan grandes cantidades   de  dinero  a  la  banca  y  se  convierten   los  servicios   públicos   en negocios de los que se va a beneficiar  la oligarquía  financiera,  principal gestora de esta estafa económica.

Con esta Reforma se ignoran  los principios de autonomía  y subsidiariedad, y se pasan  por  alto  los  derechos  y  las  necesidades  de  la  gente  y  los  niveles  de calidad, eficacia  y rentabilidad social  de los servicios  municipales. La reducción de  competencias   municipales y capacidad  de  maniobra  de  los  Ayuntamientos tendrá  consecuencias:   privatizaciones,  menos  y  peores  servicios  públicos,  así como la pérdida  de empleo municipal. Las alternativas  para la mayoría de los Ayuntamientos serán las de suprimir servicios públicos  o privatizarlos.

La democracia  local, que con tantas  dificultades se construyó por todos y todas, está en peligro  por esta reforma  de  la  Administración Local  con  la  que  el  PP pretende  vaciar  la función  social  de los Ayuntamientos y privatizar  los servicios básicos que aún quedan en manos públicas.

La pérdida  de la prestación  de servicios  supondrá,  por tanto,  un grave retroceso de la calidad  democrática. En un momento donde la población  reclama mayor participación  en  la  vida  democrática,  con  su  reforma  local  el  PP  mutila   la participación y la capacidad  de decisión  sobre las políticas  de proximidad que se desarrollan  en los Ayuntamientos.

Por todo ello,  hacemos  un  llamamiento a la movilización ciudadana  en defensa de los pueblos  y ciudades  andaluces,  de sus servicios  públicos  y su democracia local,  para  que  nuestros  municipios sean espacios  de ejercicio   democrático  al servicio  de los intereses de sus gentes y no de quienes  quieren  hacer negocio a costa  de  la  calidad   de  vida  y  los  derechos  de  los  pueblos.  Desde  IULV-CA exigimos, por tanto, la retirada del Proyecto de Ley  para la Racionalización y Sostenibilidad de  la Administración  Local,  defendemos  las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía   y abogamos por profundizar  en una financiación justa  y acorde con  los servicios  que se ofrecen  desde los Ayuntamientos.