Cargos públicos de IU se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno encabezados por el coordinador general y provincial de IULV-CA y entregaron un escrito donde se insta al Gobierno a retirar las sanciones y las actuaciones represivas: "La aplicación de la figura “infracción administrativa grave” amenaza a numerosos cargos públicos y representantes de Izquierda Unida, con multas que van desde los 300 hasta los 600 mil euros.

Incluso en otros casos, el envió de informes sobrecargados de acusaciones infundadas por parte de los agentes de la autoridad, están provocando peticiones escandalosas de fianzas, multas y el máximo de años de cárcel que establece el código penal, por participar simplemente en acciones de índole informativa (piquetes informativos) sin ningún tipo de daños materiales ni personales. Por todo ello, solicitamos a esta Subdelegación del Gobierno que recoja el creciente malestar que se está provocando con este tipo de medidas e inste al Gobierno del Estado a retirar todas las actuaciones legislativas y penales que reprimen derechos constitucionales como el libre ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación."