Manuel Lay (coordinador de IU Sevilla), Susana Serrano (portavoz de Podemos Andalucía) e Ismael Sánchez (parlamentario de Adelante) han presentado este viernes, 4 de diciembre, las enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año en la provincia de Sevilla. Un total de 335 enmiendas que movilizan 4.600 millones de euros para blindar los servicios públicos y reducir las desigualdades.

Unos presupuestos que desde Podemos e Izquierda Unida consideramos mediocres y conformistas, más si lo comparamos con lo que se está haciendo a nivel estatal con el gobierno de coalición o en otras comunidades que sí están entendiendo la causalidad del momento.

Para ambas organizaciones, a pesar de disponer de una cantidad de recursos importantes por parte del Gobierno del Estado y a pesar de disponer de un amplio margen presupuestario, el Gobierno de la Junta de Moreno Bonilla ha apostado por el continuismo, por un excesivo control del gasto y por un planteamiento general que es, en nuestra opinión, la antesala de una salida austericidas. Apuestan por un recetario económico que los mismos organismos internacionales señalan como inadecuado. Las derechas españolas y en particular las andaluzas son casi las únicas en defender las políticas de la última década.

Por esto desde Adelante Andalucía no solo presentamos una importante batería de enmiendas a los PGA que ahora detallaremos, también proponemos cambiar con estas el enfoque y a las prioridades de los mismos. Hay dos manera de salir de esta crisis: o con un proyecto de comunidad novedoso e incluyente, con una mayor inversión pública, con una mayor protección de las capas más vulnerables de la sociedad y con una extensión y ampliación de derechos; o con las mismas recetas de la última década, que han sido la causa de la carnicería social que hemos sufrido a partir del 2008 y que han aumentado nuestra dependencia económica.

En definitiva, proponemos cambiar el enfoque desde el que se han pensado estos presupuestos. Queremos que en lugar de priorizar los intereses de las 17 mil familias más ricas a través de privilegios y beneficios fiscales, se preste la atención que se merece al casi millón de parados y de pardas de nuestra tierra, a los 200 mil hogares que se encuentra en una situación de privación material severa; que en lugar de poner alfombras rojas a las grandes empresas que quieren hacer negocios con nuestros servicios públicos, se blinde de verdad y para siempre educación y sanidad; que en lugar de proponer el mismo modelo de pelotazo inmobiliario y de turismo de sol y playa se avance en la modernización y en la innovación de nuestro tejido productivo.

Por esto mismo hemos presentado 335 enmiendas que movilizan 4.600 millones de euros. La importancia de corregir estos presupuestos de manera tan significativa no solo se ve en el número de enmiendas y en lo que hemos conseguido movilizar y ampliar con estas (este año hemos batido récord en este sentido), también en los principales objetivos económico, social y de mejora de la gestión de la administración autonómica. En particular planteamos:

• Blindar y ampliar nuestros servicios públicos fundamentales, para salvarlos de los problemas estructurales que padecíamos antes de la Covid-19 y que, de seguir adelante con las cuentas de PP, Cs y Vox, seguiríamos padienciendo, ya que son cuentas que solo pretenden actuar, de forma insuficiente, en la coyuntura del momento. Por ello, hemos puesto en marcha unos procesos de rescate para lo público de servicios esenciales: 061, 112, Salud Responde, ambulancia, limpieza de los centros sanitarios y educativos, comedores escolares etc.
• Reducir drásticamente los privilegios y el gasto superfluo y no prioritario;
• Reducir la desigualdad, cuidando y protegiendo a las capas más vulnerables de la población y reforzando la función redistributiva de nuestro sistema tributario;
• Utilizar todos los recursos y todo el margen disponible para llevar a cabo un proceso de modernización, innovación y diversificación de nuestro tejido productivo, a través del protagonismo de lo públicos y priorizando la creación de empleo de calidad y la defensa de nuestro medio ambiente y de nuestros recursos naturales;
• Volver a poner en el centro nuestro Municipio y ayuntamientos que son instituciones esenciales y aliados naturales para el desarrollo de las políticas activas de la reconstrucción económica y social.

Pero no solo, no podemos arriesgarnos que se repitan en la gestión de estos mayores recursos los errores del pasado y que se den por concesiones intolerables a la extrema derecha pasos atrás en derechos civiles y sociales. Por esto nuestras enmiendas prevén también:

• Mecanismos de control de los mecanismos públicos-privados y de gestión de los fondos ordinarios y extraordinarios previstos para el plan de reconstrucción;
• El fortalecimiento de instrumentos que faciliten el diálogo entre instituciones autonómicas y los agentes sociales y económicos para que estos estén en el centro de la activación y el desarrollo de todo tipo de planes previstos;
• La garantía que no ejecutar no puede suponer recortes encubiertos;
• La prohibición explícita de actuaciones que representen un intento de retroceder en los derechos civiles y en las políticas de convivencia.

Se han presentado 335 enmiendas que movilizan casi 4.600 millones de euros para Andalucía. De entre ellas, 213 tienen un impacto en la provincia de Sevilla por el valor de 860 millones de euros, cuyas principales actuaciones responden a: primero, potenciar los servicios públicos en la provincia, respondiendo a las necesidades infraestructurales de la misma; segundo, favorecer el necesario cambio de modelo productivo, poniendo en marcha las actuaciones necesarias para modernizar, diversificar y fortalecer el tejido productivo y la economía malagueña; tercero, a garantizar un escudo de protección para parados, autónomos, pequeñas empresas, precarios que tenga como objetivo principal la extensión y la ampliación de derechos (vivienda, renta, derecho al empleo); y cuarto, a cumplir con nuestras instituciones locales, como Municipios y Universidades. 5. avanzar hacia una movilidad realmente sostenible.

Una parte importante de las enmiendas está destinada, evidentemente, al blindaje de los servicios públicos esenciales, tanto en la pata infrastructural como en el necesario fortalecimiento de la plantilla. De los 360 millones de euros destinadas a nivel provincial a este objetivo.

• 196.000.000 son destinados a la sanidad, de los cuales 98 millones a las necesidades infraestructurales de la misma [hacer ejemplos concretos de actuaciones en este sentido]. Buena parte de los otros 98 millones se deberían destinar a contrataciones de personal y aumento y consolidación de la plantilla.
• 83 millones en educación, de los cuales 60 millones en inversiones estructurales para cumplir con la ley de bio-climatización (ahora más necesaria que nunca) y poner fin al déficit inversor en ámbito educativo.
• Casi 95 millones se destinan al potenciamiento de los servicios sociales, donde destacan más de 26 millones para la Renta Mínima de Inserción, un aumento que permitirá beneficiar a más de 4.000 hogares sevillanos en una situación de exclusión social.

La provincia de Sevilla está siendo particularmente afectada por la crisis y mucho tiene que ver con la escasa variedad productiva de la provincia y en particular por cada vez más anémico sector industrial. Por esto no podemos perder ni un minuto en avanzar hacia una mayor diversificación productiva, hacia la transición energética y hacia un cambio de modelo de todos los principales sectores productivos, incluido el turismo. Por esto se han previsto medidas por el valor de 166 millones de los cuales 27 millones serán destinados a la Universidad para que sea el motor principal de este cambio de modelo.

Avanzar hacia un nuevo modelo, supone no dejar a nadie atrás, por esto se prevén planes de empleos por el valor de 102 millones, planes que deberían acompañar el proceso de reindustrialización, de modernización y de diversificación productiva. Además hemos previsto ayudas directas para las PYMES y autónomos por el valor de 98 millones, ayudas que intentan suplir con la falta de compromiso de la Junta y que podrían llegar a casi 30 mil pequeñas actividades y autónomos en la provincia
Obviamente damos una atención importante a nuestro entorno rural, con políticas por el valor de casi 33 millones. Mientras hay prevista una serie de actuaciones para mejorar la movilidad interprovincial y urbana por el valor de 42 millones de euros.
Finalmente instamos a la Junta a cumplir con nuestros municipios, incluyendo en el caso de la provincia de Sevilla ayudas directas por más de 58 millones para que estas instituciones esenciales dispongan de recursos adecuados para luchar en contra de la pandemia y para atender a las competencias que se han visto afectada por la emergencia sanitaria y la crisis. De estos 23 millones contribuirían a cubrir la deuda por la PATRICA que la Junta tiene con los Ayuntamientos.