El Grupo Municipal de Izquierda Unida en La Rinconada vuelve a denunciar la nefasta gestión que el equipo de gobierno del PSOE, con el alcalde Javier Fernández a la cabeza, hace de los recursos del Ayuntamiento.

Con un remanente en sus arcas de más de 14 millones de euros y un superávit que año tras año se va incrementando, las políticas sociales para el municipio son claramente insuficientes, según cuentan los concejales del Grupo Municipal en el Ayuntamiento.

La Rinconada tiene a día de hoy una de tasa de paro superior al 26%, una media muy superior a la nacional que el pueblo rinconero viene arrastrando durante años y que, en los últimos meses, como en todo el país, ha sido agravada por las repercusiones de la crisis sociosanitaria. Izquierda Unida ha formulado numerosas propuestas en materia de empleo, de vivienda y de ayuda social, que son desoídas de forma recurrente por Fernández y su equipo, centrados más en un proyecto de municipio de cara a acoger a empresas e inversores privados.

Las ayudas a las familias más necesitadas de La Rinconada son siempre escasas, el parque de vivienda social es claramente insuficiente y cada vez son más las rinconeras y rinconeros que se ven desamparados por la gestión de uno de los ayuntamientos más solventes de la provincia. Es el caso, uno más entre muchos, de Jennifer, una joven de la barriada conocida como La Estacada, castigada por unas circunstancias familiares al borde del precipicio de la exclusión social.

“Para que nadie se quede atrás”, la frase favorita de Javier Fernández.

“Si no encuentras piso, es tu problema”. Son las palabras con las que la asistenta social “ayudaba” a Jennifer a encontrar una solución. Y está claro; es su problema y el de más de 1000 familias demandantes de vivienda social en un municipio que no para de vender espacio público a constructoras privadas.

Jennifer no es una víctima más de la crisis económica generada por la COVID-19; es víctima de una sociedad diseñada por el capitalismo en la que la economía está siempre por encima del derecho fundamental de las personas a tener una vivienda.

Desde hace más de diez años, como otros vecinos, ha demandado ayuda al Ayuntamiento de la Rinconada para poder acceder a una vivienda digna y a un empleo que le diera el empuje necesario para salir de una vida marcada por una delicada y difícil situación familiar.

En este tiempo ha salido adelante, como tantas otras familias rinconeras, a base de peonadas en el campo y a la ayuda de conocidos cuando el trabajo faltaba. Pero el escaso salario nunca ha sido suficiente para acceder ni siquiera a un alquiler, por lo que, ante la pasividad del consistorio, Jennifer recurrió a la difícil decisión de ocupar un piso en la barriada de La Estacada, propiedad de AVRA, con el consentimiento de su anterior inquilino.

Un desalojo promovido desde las instituciones públicas, sobre viviendas públicas.

Los pisos de La Estacada se encuentran en una situación jurídica desregularizada desde hace más de 40 años. Los vecinos, unas 700 familias, con el apoyo de Izquierda Unida, han intentado hasta el abandono que se regulen, pero el Ayuntamiento ha sido incapaz de dar una solución al conflicto que ha llevado a esta barriada a ser una de las más deterioradas del municipio.

A Jennifer le llegó el aviso de desalojo antes de Navidad. Entre los plazos y la pandemia, el lanzamiento se ha ido alargando hasta que el pasado día 10 de septiembre entregó voluntariamente la que hasta ahora ha sido su casa, para que su hija de cuatro años no tuviera que vivir la bochornosa e inhumana situación de verse en la calle con las fuerzas del orden. Mientras, el equipo de gobierno socialista aprobaba con sus votos la moción propuesta por ciudadanos para perseguir las ocupaciones y endurecer los desahucios. Ocupaciones que, según los informes de la Policía Local del municipio, en ningún caso se han dado en viviendas de propiedad privada, ni mucho menos, habitadas por sus propietarios.

El juez instructor que dictaminó el desalojo puso en conocimiento de los equipos de gestión de vivienda municipales la sentencia para “que adopten las medidas pertinentes de atribución de una vivienda de las que dispongan a la parte condenada si se cumplieran los preceptos para ello”. La solución no ha llegado y Jennifer y su hija se ven ahora en la calle sin posibilidad de acceder a las ayudas que el Ayuntamiento ofrece al resto de sus vecinos. Está claro que no es la única en una situación desesperada, ni la primera entre los cientos de demandantes de ayuda al gobierno socialista; pero es una muestra más y un claro ejemplo de que las políticas del señor Fernández son insuficientes para un gran número de familias rinconeras.

Izquierda Unida en La Rinconada, no dejará de insistir.

El grupo Municipal de Izquierda Unida en la Rinconada, sigue esperando a que el grupo socialista admita alguna de los cientos de propuestas sobre coberturas básicas sociales presentadas a lo largo de todos estos años; prácticamente ninguna de las aproximadamente doce realizadas en este último.

Cobertura de mínimos básicos sociales, inversión real (y no anecdótica) en vivienda social, creación de empleo (ni la plantilla municipal está cubierta), transparencia en la adjudicación de contratos de planes de empleo, revertir la privatización de los servicios municipales … Ninguna de estas propuestas realizadas por IU-Rinconada han sido admitidas ni por el equipo de Gobierno, ni por el grupo socialista en el Ayuntamiento de la Rinconada.

Apuestas contundentes por lo público, por las personas y por la obligación, como Administración, de aparcar la mentalidad empresarial, de dejar de gestionar las cuentas públicas en términos de pérdidas y ganancias para proteger a los ciudadanos con todos los recursos disponibles necesarios.

El coordinador de IU Sevilla, Manuel Lay, tras su visita a Paradas con el alcalde del municipio, Rafael Cobano, y la concejala de Educación, Alba García, pudo conocer de primera mano el estado del pabellón de educación físical del CEIP Miguel Rueda, actualmente cerrado por las filtraciones de agua, que han dañado paredes y suelo.

El problema de filtraciones en el gimnasio del CEIP Miguel Rueda existe desde su apertura. Según Alba García, el centro fue construido en 2010, pero no fue recepcionado hasta el curso 2012/2013, año en que la comunidad escolar y el gobierno local comenzaron a movilizarse. En ese mismo curso, según consta en la documentación aportada por el Ayuntamiento, el director del centro (único de educación primaria que existe en el municipio) se dirigió a la Consejería de Educación para, textualmente, “constatar personalmente como el agua ha vuelto a entrar en el pabellón de Educación Física por el mismo lugar que lo ha venido haciendo desde siempre que ha llovido”.

"Cada año, tras el comienzo de curso, desde el gobierno municipal se han puesto en contacto con los Delegados y Delegadas de Educación, trasladándoles la preocupación del ayuntamiento y la del resto de vecinos y vecinas, puesto que, es el único centro del municipio. Y la respuesta es siempre la misma, antes con el PSOE y ahora con C's: viene un arquitecto, hace un estudio y a partir de ahí se pierde la pista. De hecho, es lo que ha sucedido este año".

Ante esta situación, IU Sevilla trasladará al Parlamento de Andalucía, a través de Ismael Sánchez, una iniciativa que, por una parte, permita conocer el contenido del informe último elaborado por el arquitecto que visitó las instalaciones en abril de este año; por otra parte, se instará a la Consejería a que explique cuáles son las perspectivas para resolver el problema de filtraciones en un centro cuyas instalaciones no han podido usarse y que cada día se deterioran más.

IU Sevilla califica de esperpéntica la situación provocada en la educación pública en nuestra provincia tras conocerse la dimisión del recién nombrado delegado territorial de Educación, Miguel Martín, por su procesamiento por estafa continuada.

El coordinador de Izquierda Unida Sevilla, Manuel Lay, lamenta que "sin entrar a valorar -que darían para mucho, por cierto- los motivos que la originan, estemos ante una dimisión a cuatro días de asumir el cargo el delegado dimitido, a una semana del cese de una delegada que nunca estuvo y justo en el momento en que la comunidad escolar necesita más serenidad, trabajo al cien por cien y cero incertidumbres en la gestión política de la educación pública".

Manuel Lay recuerda que "las declaraciones reiteradas del gobierno andaluz pidiendo a la oposición 'dirigentes con altura de miras y estadistas' se compadece mal con el cúmulo de despropósitos que viene sufriendo la educación pública en estas semanas. El entrenador es el máximo responsable de los jugadores titulares y de los que están en el banquillo".

Según Lay, que durante estas semanas ha mantenido encuentros diarios con alcaldías y cogobiernos de Izquierda Unida para conocer de primera mano la situación de la vuelta a las aulas y también de los centros de salud, "Nuestros ayuntamientos, las ampas, los equipos directivos y las familias están echando el resto en los colegios e institutos ante la ausencia total de la Junta; a nuestros alcaldes les cuesta mucho mantener la lealtad institucional ante una consejería naranja que suspende el curso en Sevilla por una pobre gestión derivada del esperpento político del partido que la sustenta".

"Es una pena que las consejerías más importantes en estos tiempos de pandemia, como son las de Sanidad, Educación y Empleo, sean las que peor lo están haciendo".

IU Sevilla apoya la concentración convocada por la Asamblea Sevillana en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que tendrá lugar en Plaza Nueva (Sevilla) a las 12,00 h. del próximo jueves, 1 de octubre, con motivo de las movilizaciones que se desarrollaran en multitud de municipios de todo el Estado para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores.

A este respecto, la Coordinadora Estatal que engloba a estos colectivos (COESPE), ha elaborado un manifiesto con las siguientes reivindicaciones:

• Unas pensiones dignas donde la mínima sea de 1082 euros.
• Unas residencias seguras.
• El reconocimiento (incluyendo el derecho a pensión de jubilación) del trabajo de atención a las personas mayores, realizado en su mayor parte por familiares.
• Recursos necesarios para la sanidad y las residencias de mayores publicas.

El manifiesto de COESPE añade a estas reivindicaciones la exigencia de una auditoría a la Seguridad Social para conocer el uso (indebido) de sus recursos.

Por su parte, la Asamblea Sevillana en Defensa del Sistema Público de Pensiones, FACUA, la Federación de Entidades Vecinales, FOAM y UGT han firmado un manifiesto donde, además, denuncian y exigen responsabilidades a la Junta de Andalucía por la terrible situación por la que atraviesan las Residencias de Mayores y su inaceptable consecuencia de mortandad por el COVID19.
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Descargas: Manifiesto de la COESPE.

Este 25 de septiembre, tras nueve meses marcados por la pandemia del COVID-19, Juventud por el Clima–Fridays For Future España, 2020: Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima, han lanzado el manifiesto “Justicia climática para acabar con todas las crisis”, donde se reclama un cambio que ponga en el centro a las personas, los territorios y el planeta.

Tal y como recoge el manifiesto publicado el pasado martes, el mensajes fundamental es el papel del trabajo ante la emergencia climática. En el manifiesto se señalan cuestiones clave como el modelo industrial, el turismo, los cuidados y el sector público que deberán afrontar profundos cambios para lograr mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC.

Para estas plataformas, “los últimos meses han dejado aún más patentes las debilidades y contradicciones de una economía depredadora que se encuentra al límite del colapso; de un sistema neoliberal que precariza los servicios públicos y crea grandes desigualdades; de un sistema patriarcal que infravalora e invisibiliza los trabajos de cuidados necesarios para la vida. Ante esta realidad y una crisis climática que sigue agravándose, se hace imprescindible reducir nuestro consumo de materiales y energía, acompañándolo de una redistribución del trabajo que garantice puestos de trabajo compatibles con una vida digna para todas las personas”. La lucha por el futuro toma más relevancia que nunca.

En este contexto, desde IU apostamos por un modelo socioeconómico que proteja a las personas y garantice los derechos y servicios básicos, para esta generación y las futuras. Son las personas más vulnerables y las generaciones futuras las que sufren y sufrirán con más virulencia las consecuencias del cambio climático siendo las que menos han contribuido a él. El 1% más rico del planeta emite el doble de co2 que el 50% más pobre (informe Intermón Óxfam). 

El llamado 'capitalismo verde' no es más que la expresión de una crisis sistémica, de un modelo socioeconómico que explota a las personas y los recursos naturales.

Es el caso del turismo, basado en carburantes fuertemente subvencionados a la vez que altamente contaminantes y en el expolio de los recursos naturales. Frente a esta situación insostenible proponemos una transición hacia un nuevo modelo de turismo basado en los recursos naturales, la pequeña y mediana economía y desplazamientos más cercanos. Alejado de monopolios del sector.

También reivindicamos la transición a un modelo energético basado en energías renovables, impulsado desde el sector público para garantizar también el acceso a energía a las personas más vulnerables.

Recuperemos la soberanía sobre los bienes esenciales para la vida: la energía y el agua. Solo un sector público fuerte puede garantizar el acceso en igualdad a los servicios básicos.
En la lucha contra el cambio climático el ferrocarril y el transporte público también tienen un papel central en la disminución de los gases de efecto invernadero, además de articular el territorio
permitiendo un tejido socioeconómico vivo. 

Por tanto, depende de nosotros/as que el cambio avance hacia un proyecto ecosocial, justo y democrático; en caso contrario, nuestra inacción nos conducirá hacia modelos ecofascistas, nacionalismos reaccionarios y agotamiento definitivo de los recursos que sostienen la vida.

El pleno de Diputación de Sevilla celebrado este jueves ha aprobado la moción presentada por nuestro grupo solicitando a la Junta la bajada de ratios por clase en colegios e institutos públicos, para garantizar el derecho a la educacion a todos los niños y niñas, incluiyendo a quienes se encuentren en algún grupo de riesgos (o familiares con los que convivan).

La moción, que ha salido adelante con el respaldo del grupo socialista, también contempla que Diputación facilite ayudas a los Ayuntamientos para hacer frente a las tareas extraordinarias de limpieza y desinfección de los centros educativos, ante la dejación de funciones de la Consejería en una materia que es legalmente de su competencia, lo que ha obligado a ayuntamientos de municipios y entidades menores a hacerse cargo de estas tareas con recursos propios para garantizar el derecho a la educación.

Las medidas propuestas en esta moción, según recoge la exposición de motivos de la misma, "no deben entenderse como coyunturales, ya que representan la base para empezar a atender a las necesidades de la comunidad educativa, sus legítimas reivindicaciones y el fortalecimiento de la educación pública en Andalucía, para que sea un pilar de crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad".

Los acuerdos aprobados son los siguientes:

1. Instar a la Junta de Andalucía a garantizar que la actividad educativa y formativa durante el curso escolar 2020/2021 sea segura, interviniendo sobre ratios y contrataciones del personal. En particular:

a) Reducir de manera significativa la ratio de alumnos por aula de forma que sea posible cumplir con las exigencias de los protocolos sanitarios. Con el consiguiente aumento de plantilla.

b) Ampliar la plantilla destinada al refuerzo educativo en centros públicos andaluces. Reforzamiento de la plantilla de PTIS e ILSES, incorporación de educadores y trabajadores sociales así como personal sanitario.

2. Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a elaborar en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte un protocolo de coordinación entre centros de salud y centros educativos. Especificando la necesidad de seguimiento del mismo por parte de los consejos escolares municipales.

3. Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a garantizar un aumento significativo y la seguridad de los servicios de limpieza a través de las siguientes actuaciones:

a) Garantizar recursos suficientes a los ayuntamientos para atender a las necesidades de gestión y de actividad de limpieza en el caso que asuman o tengan las competencias;

b) Dotar de más recursos a los IES para llevar a cabo las labores de limpieza y desinfección continuas a través de la creación de una partida de gasto específica destinada a cada centro educativo para este objetivo;

c) Asegurar Reposición constante de los productos de limpieza y desinfección por parte de la administración educativa, así como de material de protección.

4. Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha todas las medidas necesarias para luchar activamente contra la brecha digital, garantizando los recursos necesarios para esta finalidad, incluyendo partidas específicas a partir del presupuesto 2020 y para el presupuesto del 2021.

5. Instar a la Junta a prever un suelo de inversión en educación suficiente para garantizar las medidas necesarias, empezando por las incluidas en esta moción, para asegurar una vuelta a la actividad educativa segura para el conjunto de la comunidad educativa andaluza. En particular:

• Dar posibilidades a las familias que lo necesiten de educación no presencial o semipresencial, mediante justificación médica del propio alumno o familiar cercano.
• Crear puestos específicos de docentes para atender en casa al alumnado de riesgo.
• Combatir la brecha digital de forma activa para evitar mayor riesgo de exclusión y fracaso escolar.
• Establecer suelo presupuestario por ley del 7% del PIB.

6. Dado que la realidad es que pese a no estar claro que la competencia de limpieza y desinfección extraordinaria por la situación de la pandemia de los centros escolares sea municipal, los Ayuntamientos sevillanos están asumiendo esta tarea. Por eso pedimos que la Diputación Provincial de Sevilla contribuya mediante recursos extraordinarios para estas tareas y así auxiliar a las entidades locales que tanto están haciendo en la gestión de esta crisis que nos asola los últimos meses.

Contra el complemento económico para altos cargos de la Diputación

Por otro lado, destacamos que nuestro grupo ha votado en contra de la propuesta realizada por el gobierno de la Diputación, para la subida de sueldos de los altos cargos de esta administración provincial en caso de que asuman tareas de otras áreas. En este punto, la portavoz de nuestro grupo, María Izquierdo, ha justificado el voto en contra porque "Huyendo de populismos argumentales, creemos que en un momento en que todos los trabajadores y trabajadoras de Diputacion están asumiendo tareas extras, no es oportuno compensar salariamente sólo a los altos cargos, menos aún en un contexto social en que se está hablando de posible congelacion de sueldos del funcionariado (con el que Unidas Podemos no está tampoco de acuerdo) y en el que tantas familias trabajadoras tienen algún miembro que ha perdido su empleo".

La propuesta, no obstante, ha salido adelante con el voto de PSOE y Ciudadanos.

(Fotografía de la cuenta de Twitter de Diputación de Sevilla).

En el marco de la ronda de encuentros que viene realizando IU Sevilla con representantes de gobiernos y cogobiernos de la provincia para conocer la situación de los centros educativos y de atención primaria de salud, el coordinador provincial, Manuel Lay, y la portavoz del grupo en Diputación, María Izquierdo, han visitado este miércoles Santiponce, donde se ha reunido con miembros del grupo municipal y de la asamblea local de esta formación política.

Y una vez más, Santiponce vuelve a poner en evidencia que han sido las comunidades educativas del municipio y el ayuntamiento quienes han tenido que suplir las carencias de la Junta de Andalucía en aspectos que son de competencia autonómica, como la puesta a disposición de personal, equipos de protección y material de desinfección de los centros educativos y sanitarios.

En Santiponce, donde existen dos colegios de educación primaria, un instituto de secundaria y dos escuelas infantiles, la situación de partida ha sido caótica, con información que ha ido llegando a los centros “a cuentagotas para realizar los protocolos de actuación antes de la entrada de los niños y niñas a los colegios”, según ha informado la concejala de Educación, Paqui Mateos, para quien “hasta el mismo día de la vuelta a las aulas, los centros no han sabido cuál es su enlace en el centro de salud de referencia, no se tenían noticias de los equipos de protección individual ni de lo necesario para combatir el Covid-19”.

Si bien no se han producido incidencias por falta de maestros/as o resto de personal docente, desde IU se hace constar que la incorporación de personal habría supuesto una reducción de las ratios por aula. En cuanto al mantenimiento de los edificios, al igual que en muchos municipios, el ayuntamiento ha tenido que asumir no sólo la limpieza, sino también la desinfección del interior y exterior de los centros escolares; además, el gobierno local ha tenido que hacerse cargo de la ampliación de la plantilla de personal de limpieza en los centros de primaria, con tres nuevas contrataciones “que difícilmente se podrán mantener a partir de enero con los recursos de que dispone el municipio”.

Respecto al centro de salud de Santiponce, IU sigue reiterando las lamentables condiciones materiales con que se atiende a sus más de 8.500 habitantes desde 2010, cuando las consultas y profesionales del centro fueron trasladados a unos módulos prefabricados instalados en la calle 28 de Febrero, a causa de los desprendimientos y fisuras detectados en el antiguo edificio que acogía este servicio. Una situación que ha sido trasladada en varias ocasiones al parlamento andaluz, la última en marzo de este año, para la cual el ayuntamiento ha puesto suelo a disposición de la Junta, que sigue mareando la perdiz y echando balones fuera.

A esta situación de partida hay que añadirle el colapso en la atención telefónica -generalizada, salvo casos urgentes, curas o extracciones- y la ausencia del servicio urgencias a partir de las 5 de la tarde, hora a partir de la cual hay que trasladarse al centro de referencia de Camas.

El colapso también se extiende al tiempo de espera en el centro y a las quejas por falta de sombra; en este aspecto, una vez más el ayuntamiento ha tenido que asumir un servicio que es competencia de la Junta de Andalucía, contratando a una persona para realizar el control de entradas, salidas, tomar la temperatura, dispensar gel, etc., lo que ha aliviado un poco la situación. Y, al igual que en muchos otros municipios de la provincia, también el ayuntamiento ha tenido que asumir la compra de mascarillas, geles, etc.

La vuelta a las aulas y el estado de la atención primaria de salud en El Cuervo de Sevilla han sido los temas centrales del encuentro celebrado este martes entre el coordinador provincial de IU Sevilla, Manuel Lay, y los representantes de esta formación política en el gobierno municipal, Francisco Cordero y Mª del Mar Pérez, junto a militantes de esta formación política en el municipio. 

La reunión, celebrada en la sede local de Izquierda Unida, ha servido para conocer de primera mano las carencias generalizadas que sufre el centro de salud, que atiende a una población de unos 8.600 corveños/as, donde, a pesar del enormes esfuerzo que realiza el personal sanitario, es inevitable el colapso y las consiguientes quejas por la atención telefónica, la tardanza en las citas y la falta de material Covid.

En cuanto a la vuelta al colegio, El Cuervo cuenta con tres centros de educación infantil y primaria, un instituto de secundaria y una guardería municipal, para atender a lo cuales “la Junta ha enviado dos cajas con unos cinco botes de geles cada una y mascarillas”. Ante tales carencias de material, “el ayuntamiento ha puesto a disposición 1.600 mascarillas, y en algún centro lo han sufragado el equipo del colegio con recursos propios. De hecho, para la apertura de los centros, tuvo el ayuntamiento que repartir mascarillas y guantes al personal docente, incluso a los del IES”, según ha informado la concejala de Educación, Mª del Mar Pérez. Además, “la limpieza de los centros la va a hacer el ayuntamiento, incluida la compra de los productos de limpieza”.

Esta situación no es exclusiva de nuestra provincia, por lo que el coordinador de IU Sevilla lamenta que el cese de la delegada territorial de Educación "apunta a cuitas internas del partido que dirige la consejería, y no a la urgencia para poner en práctica las medidas que viene reclamando la comunidad educativa, por la que se ha hecho una huelga hace sólo unos días". Según Lay "el problema de gestión política atraviesa la columna vertebral del gobierno andaluz desde la cúpula, empezando por la persona que ha cesado a Marta Escrivá, por lo que un cambio de persona sin virar el rumbo es meramente estético, no supondrá el necesario cambio de modelo, ni aportación de recursos materiales y humanos, ni apoyo a los equipos directivos de los centros, ni bajada de ratio…"

Manuel Lay, por último, aplaude la decisión aprobada recientemente por el pleno del ayuntamiento de Los Palacios, consistente en reclamar a la Junta de Andalucía que pague los gastos extraordinarios de limpieza y desinfección de los centros educativos. El coordinador de IU Sevilla anima a que esta moción se traslade al resto de plenos municipales de toda la provincia, con la idea de que se inste a la Junta de Andalucía a la elaboración de un convenio con los ayuntamientos andaluces para la delegación de las nuevas competencias como consecuencia de las tareas extraordinarias relativas a la prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud en los centros docentes a raíz de la pandemia provocada por el Covid-19. La propuesta, tal y como recordó el alcalde palaciego en el pleno, se basa en un informe de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Sevilla, en virtud del cual “los ayuntamientos puedan ejercer por delegación esta competencia que es autonómica y dicho convenio venga acompañado de los recursos necesarios para ello”.

El coordinador de IU Sevilla, Manuel Lay, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Paradas, Rafael Cobano (IU) y la concejala de Educación, Alba García, donde se ha analizado la situación del municipio en materia de educación y salud, así como las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía y del propio ayuntamiento desde el comienzo del estado de alarma hasta el momento presente.

Cabe recordar que Paradas (6900 habitantes) cuenta con una guardería pública municipal (que este año cuenta con unos 70 niños y niñas, sobre una oferta de 125), un centro de infantil y primaria, un centro de adultos dependiente de SEPE de Arahal y un instituto de secundaria sin módulos ni bachiller. Manuel Lay ha visitado las instalaciones de los tres primeros.

Concretamente, sobre el CEIP Miguel Rueda, además de existir problemas de infraestructuras no resueltos por la Junta de Andalucía (la imposibilidad de utilizar el Gimnasio debido a humedades y la entrada de agua por el terreno), este año se ha eliminado una línea en infantil de 5 años por parte de la delegación y la ratio media del centro sigue siendo muy alta para la situación actual. El ayuntamiento ha aportado unos 20.000 euros en gastos de electricidad, gasoil y reparaciones, sin contar los gastos de limpieza, desinfección y jardinería, entre otros, un importante esfuerzo para las arcas municipales a los que añadir un nuevo guarda mantenedor y 6 nuevas contrataciones para el servicio de limpieza, distribuidas entre la mañana y la tarde. Además, el ayuntamiento ha repartido mascarillas a los/as estudiantes durante la primera semana lectiva de cada nivel.

En cuanto a la situación del Centro de Salud ‘José Peña Jiménez’, cuenta con unas dimensiones suficientes para la localidad, aunque no existe guardia médica 24 horas y tiene consultas sin ocupar, a la espera de nuevas especialidades que se deberían incluir. El centro cierra las tardes de verano y navidad desde hace varios años, algo que ahora con el Covid-19 se ha consolidado. La atención telefónica y las citas médicas desde el Estado de Alarma están colapsadas.

El ayuntamiento ha estado dotando al centro de mascarillas Ffp2, batas, guantes y viseras durante estos meses, costeadas por el propio ayuntamiento o donadas por vecinos/as y colectivos. Además, también el ayuntamiento ha invertido 2.000 euros en la instalación de una pérgola en las traseras del centro de salud, para dar sombra y evitar la lluvia en el lugar donde se realizan las pruebas PCR a los/as vecinos/as con síntomas de Covid-19.

Como conclusión de la visita a los centros, el coordinador de IU Sevilla ha podido comprobar, una vez más, que a la administración andaluza “salvo para dar instrucciones y órdenes, ni ha estado, ni se le espera, y ha tenido que ser la propia comunidad educativa, las ampas, el personal docente, el ayuntamiento y la responsabilidad de los vecinos y vecinas de Paradas quienes verdaderamente han puesto en marcha el inicio de curso. Y en cuanto a la atención primaria de salud, exactamente lo mismo: el esfuerzo del personal y la ayuda de la administración local”.

En su visita a La Luisiana, el coordinador de IU Sevilla, Manuel Lay, ha conocido las instalaciones habilitadas por el ayuntamiento para su cesión a la Consejería de Educación, a través de convenio, con la idea de poner en marcha un ciclo formativo de grado medio (CFGM) de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, cuya demanda ha sido promovida por el sector empresarial del pladur y las placas de escayola.

Tal y como se recogió en una iniciativa presentada por el representante de nuestro grupo en el Parlamento andaluz, Ismael Sánchez, este sector "es uno de los motores económicos de La Luisiana y El Campillo" con una proyección que va "desde un ámbito rural hasta otro nacional e internacional".

Durante la visita a La Luisiana, que Manuel Lay realizó con Laura Gómez, concejala de IU que forma parte del cogobierno municipal, comprobó que la nave habilitada por el ayuntamiento se encuentra en condiciones idóneas para la realización de las prácticas que requieren este ciclo formativo, además de contar con un espacio anexo a la misma que podrían añadirse, con una mínima remodelación, para atender en las mejores condiciones una formación que garantizaría un número de operarios con estabilidad laboral, gracias a la titulación requerida de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.

Laura Gómez recuerda que "además de la dirección del centro, fue la propia asociación ADIPAEX, que engloba a buena parte de este sector empresarial en Extremadura y Andalucía, la primera interesada en promover esta titulación en La Luisiana, garantizando su apoyo con préstamo de maquinaria y herramientas hasta que la Consejería pudiese aportar todo lo necesario para desarrollar el ciclo formativo.

En la pregunta parlamentaria, incidiendo en este interés, se señana que "A lo largo de todo el proceso de solicitud, se ha destacado la importancia del trabajo consensuado entre las empresas, el consistorio y el centro educativo. Así, durante la inspección realizada por el técnico de Infraestructuras se alabaron las instalaciones y su idoneidad; del mismo modo, desde la Delegación se ha ido valorando positivamente esa solicitud y la importancia del apoyo económico y material que recibiría el ciclo por parte de la administración local y las empresas. El último paso fue la aprobación del Proyecto Dual en el que se obtuvo una puntuación de 11,75".

Para Manuel Lay, por tanto, "no resulta comprensible que el comienzo de curso en La Luisiana se haya realizado sin una formación con todas las garantías de éxito profesional, avalada por el sector empresarial y con un extraordinario grado de compromiso del centro educativo y de la administración local", por lo que "desde IU Sevilla instamos a la Consejería de Educación que atienda a esta demanda y repase el proyecto realizado y aprobado, porque no existe ningún motivo ni excusa para que La Luisiana se quede sin este ciclo formativo".