Desde Izquierda Unida consideramos que el recorte presupuestado de 14 millones de euros a la RTVA es una vuelta de tuerca más en el desmantelamiento de los servicios públicos que lleva poniendo en marcha el gobierno andaluz y que, en el caso de la televisión pública, supone cerca de un 20% en materia de personal, impide la adaptación tecnológica y se une al ataque y la presión permanente a la labor profesional de los trabajadores y trabajadoras de Canal Sur, esto es, al derecho a la información veraz para una opinión pública libre.

Por ello apoyamos la huelga convocada por sus trabajadores y trabajadoras en los días 22 y 23 de diciembre. Así lo acordamos en la última reunión de la Comisión Colegiada de IU Sevilla y de la Coordinadora de IU Andalucía; también lo manifestamos, con nuestra presencia, en el acto público abierto que realizaron los sindicatos ante las puertas de Canal Sur en San Juan de Aznalfarache el pasado lunes, 14 de diciembre, a la que asistieron los coordinadores de IU a nivel local, provincial y andaluz (Joaquín Díaz, Manuel Lay y Toni Valero, respectivamente), junto a miembros de las distintas direcciones territoriales y activistas de IU Sevilla.

En este sentido, IU Sevilla anima a difundir los motivos de la Huelga en RTVA por todos los foros y los medios posibles, ya que no estamos ante una movilización laboral más, sino en presencia de un conflicto donde el gobierno de PP y Cs, dependiente de la ultraderecha fascista, pretende reducir, controlar e instrumentalizar RTVA (y en un futuro anular), eliminando la tasa de reposición de trabajadores/as que se jubilan y propiciando la obsolescencia del material técnico imprescindible, con ese recorte de 14 millones de euros del presupuesto destinado a la misma.

Todo ello sin olvidar la quiebra de la independencia informativa de los y las profesionales de Canal Sur, superando las etapas más negativas del susanismo en cuanto a la conversión de los servicios informativos en simples instrumentos de propaganda del trifachito que nos gobierna.

Desde IU Sevilla hacemos nuestra esta huelga porque seguimos apostando por una RTVA que cuide de los derechos sociales de sus trabajadores y trabajadoras, de la calidad del empleo, que permita que Andalucía tenga una radio y televisión pública, veraz, independiente y culturalmente impulsora de los valores de información y formación imprescindibles para cohesionar territorial y culturalmente a Andalucía.

Manuel Lay (coordinador de IU Sevilla), Susana Serrano (portavoz de Podemos Andalucía) e Ismael Sánchez (parlamentario de Adelante) han presentado este viernes, 4 de diciembre, las enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año en la provincia de Sevilla. Un total de 335 enmiendas que movilizan 4.600 millones de euros para blindar los servicios públicos y reducir las desigualdades.

Unos presupuestos que desde Podemos e Izquierda Unida consideramos mediocres y conformistas, más si lo comparamos con lo que se está haciendo a nivel estatal con el gobierno de coalición o en otras comunidades que sí están entendiendo la causalidad del momento.

Para ambas organizaciones, a pesar de disponer de una cantidad de recursos importantes por parte del Gobierno del Estado y a pesar de disponer de un amplio margen presupuestario, el Gobierno de la Junta de Moreno Bonilla ha apostado por el continuismo, por un excesivo control del gasto y por un planteamiento general que es, en nuestra opinión, la antesala de una salida austericidas. Apuestan por un recetario económico que los mismos organismos internacionales señalan como inadecuado. Las derechas españolas y en particular las andaluzas son casi las únicas en defender las políticas de la última década.

Por esto desde Adelante Andalucía no solo presentamos una importante batería de enmiendas a los PGA que ahora detallaremos, también proponemos cambiar con estas el enfoque y a las prioridades de los mismos. Hay dos manera de salir de esta crisis: o con un proyecto de comunidad novedoso e incluyente, con una mayor inversión pública, con una mayor protección de las capas más vulnerables de la sociedad y con una extensión y ampliación de derechos; o con las mismas recetas de la última década, que han sido la causa de la carnicería social que hemos sufrido a partir del 2008 y que han aumentado nuestra dependencia económica.

En definitiva, proponemos cambiar el enfoque desde el que se han pensado estos presupuestos. Queremos que en lugar de priorizar los intereses de las 17 mil familias más ricas a través de privilegios y beneficios fiscales, se preste la atención que se merece al casi millón de parados y de pardas de nuestra tierra, a los 200 mil hogares que se encuentra en una situación de privación material severa; que en lugar de poner alfombras rojas a las grandes empresas que quieren hacer negocios con nuestros servicios públicos, se blinde de verdad y para siempre educación y sanidad; que en lugar de proponer el mismo modelo de pelotazo inmobiliario y de turismo de sol y playa se avance en la modernización y en la innovación de nuestro tejido productivo.

Por esto mismo hemos presentado 335 enmiendas que movilizan 4.600 millones de euros. La importancia de corregir estos presupuestos de manera tan significativa no solo se ve en el número de enmiendas y en lo que hemos conseguido movilizar y ampliar con estas (este año hemos batido récord en este sentido), también en los principales objetivos económico, social y de mejora de la gestión de la administración autonómica. En particular planteamos:

• Blindar y ampliar nuestros servicios públicos fundamentales, para salvarlos de los problemas estructurales que padecíamos antes de la Covid-19 y que, de seguir adelante con las cuentas de PP, Cs y Vox, seguiríamos padienciendo, ya que son cuentas que solo pretenden actuar, de forma insuficiente, en la coyuntura del momento. Por ello, hemos puesto en marcha unos procesos de rescate para lo público de servicios esenciales: 061, 112, Salud Responde, ambulancia, limpieza de los centros sanitarios y educativos, comedores escolares etc.
• Reducir drásticamente los privilegios y el gasto superfluo y no prioritario;
• Reducir la desigualdad, cuidando y protegiendo a las capas más vulnerables de la población y reforzando la función redistributiva de nuestro sistema tributario;
• Utilizar todos los recursos y todo el margen disponible para llevar a cabo un proceso de modernización, innovación y diversificación de nuestro tejido productivo, a través del protagonismo de lo públicos y priorizando la creación de empleo de calidad y la defensa de nuestro medio ambiente y de nuestros recursos naturales;
• Volver a poner en el centro nuestro Municipio y ayuntamientos que son instituciones esenciales y aliados naturales para el desarrollo de las políticas activas de la reconstrucción económica y social.

Pero no solo, no podemos arriesgarnos que se repitan en la gestión de estos mayores recursos los errores del pasado y que se den por concesiones intolerables a la extrema derecha pasos atrás en derechos civiles y sociales. Por esto nuestras enmiendas prevén también:

• Mecanismos de control de los mecanismos públicos-privados y de gestión de los fondos ordinarios y extraordinarios previstos para el plan de reconstrucción;
• El fortalecimiento de instrumentos que faciliten el diálogo entre instituciones autonómicas y los agentes sociales y económicos para que estos estén en el centro de la activación y el desarrollo de todo tipo de planes previstos;
• La garantía que no ejecutar no puede suponer recortes encubiertos;
• La prohibición explícita de actuaciones que representen un intento de retroceder en los derechos civiles y en las políticas de convivencia.

Se han presentado 335 enmiendas que movilizan casi 4.600 millones de euros para Andalucía. De entre ellas, 213 tienen un impacto en la provincia de Sevilla por el valor de 860 millones de euros, cuyas principales actuaciones responden a: primero, potenciar los servicios públicos en la provincia, respondiendo a las necesidades infraestructurales de la misma; segundo, favorecer el necesario cambio de modelo productivo, poniendo en marcha las actuaciones necesarias para modernizar, diversificar y fortalecer el tejido productivo y la economía malagueña; tercero, a garantizar un escudo de protección para parados, autónomos, pequeñas empresas, precarios que tenga como objetivo principal la extensión y la ampliación de derechos (vivienda, renta, derecho al empleo); y cuarto, a cumplir con nuestras instituciones locales, como Municipios y Universidades. 5. avanzar hacia una movilidad realmente sostenible.

Una parte importante de las enmiendas está destinada, evidentemente, al blindaje de los servicios públicos esenciales, tanto en la pata infrastructural como en el necesario fortalecimiento de la plantilla. De los 360 millones de euros destinadas a nivel provincial a este objetivo.

• 196.000.000 son destinados a la sanidad, de los cuales 98 millones a las necesidades infraestructurales de la misma [hacer ejemplos concretos de actuaciones en este sentido]. Buena parte de los otros 98 millones se deberían destinar a contrataciones de personal y aumento y consolidación de la plantilla.
• 83 millones en educación, de los cuales 60 millones en inversiones estructurales para cumplir con la ley de bio-climatización (ahora más necesaria que nunca) y poner fin al déficit inversor en ámbito educativo.
• Casi 95 millones se destinan al potenciamiento de los servicios sociales, donde destacan más de 26 millones para la Renta Mínima de Inserción, un aumento que permitirá beneficiar a más de 4.000 hogares sevillanos en una situación de exclusión social.

La provincia de Sevilla está siendo particularmente afectada por la crisis y mucho tiene que ver con la escasa variedad productiva de la provincia y en particular por cada vez más anémico sector industrial. Por esto no podemos perder ni un minuto en avanzar hacia una mayor diversificación productiva, hacia la transición energética y hacia un cambio de modelo de todos los principales sectores productivos, incluido el turismo. Por esto se han previsto medidas por el valor de 166 millones de los cuales 27 millones serán destinados a la Universidad para que sea el motor principal de este cambio de modelo.

Avanzar hacia un nuevo modelo, supone no dejar a nadie atrás, por esto se prevén planes de empleos por el valor de 102 millones, planes que deberían acompañar el proceso de reindustrialización, de modernización y de diversificación productiva. Además hemos previsto ayudas directas para las PYMES y autónomos por el valor de 98 millones, ayudas que intentan suplir con la falta de compromiso de la Junta y que podrían llegar a casi 30 mil pequeñas actividades y autónomos en la provincia
Obviamente damos una atención importante a nuestro entorno rural, con políticas por el valor de casi 33 millones. Mientras hay prevista una serie de actuaciones para mejorar la movilidad interprovincial y urbana por el valor de 42 millones de euros.
Finalmente instamos a la Junta a cumplir con nuestros municipios, incluyendo en el caso de la provincia de Sevilla ayudas directas por más de 58 millones para que estas instituciones esenciales dispongan de recursos adecuados para luchar en contra de la pandemia y para atender a las competencias que se han visto afectada por la emergencia sanitaria y la crisis. De estos 23 millones contribuirían a cubrir la deuda por la PATRICA que la Junta tiene con los Ayuntamientos.

Adelante-IU Santiponce celebra la aprobación por unanimidad de la moción que han presentado ante el Ayuntamiento de Santiponce pues el “patrimonio histórico, cultural y artístico ocupa un lugar primordial dentro de los recursos del pueblo”.

Adelante Santiponce presentaba en el pleno municipal celebrado el pasado jueves 26 de noviembre una nueva moción con la propuesta de creación de un consorcio interadministrativo para la gestión mixta del patrimonio artístico de Santiponce.

El municipio de Santiponce se configura como uno de los potenciales núcleos de recepción del turismo en la provincia de Sevilla, tanto por el gran valor de su patrimonio histórico artístico como por su situación geográfica, al ser una población próxima a la capital y a otros enclaves de interés turístico encontrándose en la misma dirección de determinadas rutas alternativas del turismo rural.

No obstante, y tras la realización de varios estudios de potencialidades, la falta de coordinación en la gestión del patrimonio aparece como la mayor de las debilidades y amenazas para el sector turístico en el municipio. Esta falta de coordinación limita en la mayoría de las ocasiones la puesta en marcha por parte de la Corporación Local de nuevas fórmulas de desarrollo en este enclave turístico. Asuntos tales como la falta de identificación entre Itálica y Santiponce, o la dispersión del esfuerzo económico y humano a favor de promoción turística, llevan a afirmar la necesidad de una mayor cooperación entre las diferentes Administraciones de cara a los nuevos retos que se plantearán a corto y largo plazo.

“Conociendo la problemática existente en el municipio de Santiponce respecto a la gestión del Patrimonio Histórico y viendo las posibilidades que se ofertan en nuestra legislación de cara a la mejora de esta, podemos plantear un modelo de gestión que se adecue a las necesidades de todas las partes implicadas”, admiten desde el partido.

Desde este punto de vista, la opción que proponían en el pleno para una solución más eficaz en este caso consiste en la creación de un consorcio interadministrativo que integre a las entidades implicadas, es decir, la Junta de Andalucía (Consejería de Cultura), y al Excmo. Ayuntamiento de Santiponce.

“El objetivo que se persigue con la creación de este órgano es la cooperación económica, técnica y administrativa entre las entidades que lo integran, para la gestión, organización e intensificación de las actuaciones relativas a la conservación, restauración, acrecentamiento y revalorización de la riqueza arqueológica y monumental de Santiponce”, especifican desde IU en la moción.

Con la aprobación de la moción se ha acordado instar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a que, en cumplimiento de lo acordado en el Pleno del Parlamento de Andalucía el 14 de Septiembre de 2000 y a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, constituya un Consorcio mixto de gestión del Patrimonio Histórico perteneciente al término municipal de Santiponce, dirigido a facilitar la participación de la Corporación Local en dicha actividad, y que se inicie el proceso de creación del citado órgano interadministrativo, para lo que se propone se ponga en marcha una comisión de trabajo formada por las personas nombradas por dicha Consejería y por este Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, con el fin de desarrollar entre las dos administraciones la cooperación técnica económica y administrativa que propicie una coordinación conjunta tendente a la promoción y difusión de la riqueza patrimonial local.

IU Las Cabezas denuncia que el Equipo de Gobierno de la localidad ha pagado las mamparas anti COVID con fondos del Pacto de Estado.

Izquierda Unida denunciaba en el pasado pleno de noviembre de la corporación cabeceña lo que califican una “práctica inmoral y vergonzosa” por parte del equipo de gobierno (PSOE).
La última intervención de la formación en el pasado pleno fue dirigida a Lidia Ferrera, Delegada de Bienestar Social en la localidad y quien fuera durante ocho años responsable de igualdad en la Diputación de Sevilla, ya que es ella la firmante de un contrato de más de 5.500€ para la compra de las mamparas de protección COVID de los comedores escolares, pagadas con fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Pepe Solano, Portavoz Municipal de IU, contrato en mano denunciaba que el uso de los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género para esta cuestión era una “práctica inmoral y vergonzosa”. En este sentido, afirmaba que podría haberse utilizado “los fondos del remanente”, autorizado ahora su gasto por el Gobierno central, la ayuda que la Diputación de Sevilla “dio a los pueblos de menos de 20.000 habitantes para hacer frente a los gastos derivados de la COVID-19” o con fondos propios “de los festejos que no se han llevado a cabo” durante este año.

Dicho gasto se justifica jurídicamente con una “pequeña pegatina en la esquina” de las mamparas, decía Pepe Solano (IU), pero “no aporta nada en la lucha por la igualdad y desvirtúa la razón de ser de estos fondos”. El Portavoz de IU sentenciaba su intervención afirmando, que este uso del dinero destinado a la lucha contra la violencia de género “era una vergüenza para sus compañeras, para los hombres aliados de las mujeres en su lucha por la igualdad y para su pueblo una vez enterado” de esta práctica.

Por su parte, Francisco Toajas, Alcalde de la localidad, decía no entender “por qué, ni cómo” Izquierda Unida había accedido a dicho contrato ya que él “no había autorizado” a la formación su obtención. Izquierda Unida respondía a esto posteriormente en rueda de prensa y le recordaba “que los contratos son públicos y están en el portal de transparencia” tal y como estipula la ley, llegando a afirmar que “una vez más se demuestra la actitud caciquil del alcalde y del equipo de gobierno”.