El acuerdo de la dirección provincial, en cuya reunión participó el portavoz municipal de IU Las Cabezas, Pepe Solano, se trasladará al Grupo Adelante de Diputación para que solicite la dimisión o cese de Toajas como Vicepresidente 2º de esta institución provincial.

La Comisión Colegiada de IU Sevilla, reunida con carácter extraordinario, ha acordado exigir la dimisión del alcalde de Las Cabezas, Francisco José Toajas, tras conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le condena como coautor de acoso laboral a una trabajadora de Adelquivir (Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir), cuya presidencia ostenta el regidor cabeceño y de la que IU Sevilla pide también su dimisión.

El acuerdo de la dirección provincial, en cuya reunión participó el portavoz municipal de IU Las Cabezas, Pepe Solano, se trasladará al Grupo Adelante de Diputación para que solicite la dimisión o cese de Toajas como Vicepresidente 2º de esta institución provincial.

Según han informado diversos medios, la sentencia acusa al regidor cabeceño “por vulneración del derecho fundamental al honor, a la dignidad personal y profesional y la propia integridad física”, junto al ex gerente de Adelquivir, José A. Navarro, imponiéndoles a ambos el pago de una indemnización solidaria de más de 6.000 euros a la trabajadora.

Se da la circunstancia, según la sentencia, de que José A. Navarro consideraba que la trabajadora acosada filtró a varios medios de comunicación que fue condenado años atrás por acoso sexual a una empleada de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, en la que Navarro fue gerente entre 2006 y 2007. A este respecto, la Sala de lo Social del TSJA estima que, a pesar de conocer la situación de acoso laboral en la asociación que preside, el alcalde de Las Cabezas mantuvo una actitud pasiva, no puso en marcha el protocolo antiacoso e incluso delegó en Navarro las funciones de jefe de personal.

Ante estos hechos, el portavoz municipal de IU Las Cabezas, Pepe Solano, considera que “es algo que no podemos permitirnos pasar por alto ni banalizar”. Según Solano, “Que haya sido condenado por el alto tribunal de Andalucía sólo le deja una salida al Alcalde de Las Cabezas y Vicepresidente de la Diputación de Sevilla, que pasa por dimitir. No le queda otra opción que presentar su dimisión. No hay otra opción más lógica y digna que esta, sobre todo por el bien de la propia ciudadanía y por el bien de ambas instituciones”.

“Entendemos que no se puede permitir que alguien condenado por, su acción o inacción, como coautor de acoso laboral a una mujer, a una trabajadora, continúe en puestos de esta responsabilidad. No es de recibo que quien ha permitido este hostigamiento a una trabajadora estando al frente de Adelquivir como Presidente y que además ha dado paraguas y cobertura a un gerente que ya con anterioridad había sido condenado por abusos sexuales entre 2006 y 2007, siga al frente de un Ayuntamiento y de una Diputación. El pueblo de Las Cabezas no se merece que su máximo representante dé esta imagen dentro y fuera de nuestro municipio y, por supuesto, de no ser así y de no presentar su dimisión, pedimos al propio PSOE, al propio partido, que haga valer su código ético y cese y expulse a Francisco Toajas como coautor de acoso laboral”, concluye el portavoz de IU Las Cabezas.

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Por su parte, Manuel Lay, coordinador provincial de IU Sevilla, cree que “la gravedad de los hechos no solo radica en que un tribunal haya sentenciado por acoso laboral al ex gerente y al presidente de una entidad de carácter público, ya de por sí suficientemente grave como para presentar la dimisión. Lo más grave es que Adelquivir haya tenido un gerente condenado previamente por acoso sexual, que esta circunstancia fuera conocida por Francisco J. Toajas y que las consecuencias recayeran no sobre el acosador, sino sobre una trabajadora convertida en víctima”.

Para Lay, “la filtración del hecho es lo de menos; lo verdaderamente indecente es que un representante de una organización política que defiende y practica el feminismo en sus estatutos y en su labor institucional, habilite a una persona condenada por acoso sexual para el ejercicio de un cargo público y que, ante un caso de persecución a una trabajadora, se mire para otro lado y se permita, e incluso facilite, que sea relegada al ostracismo como castigo por dar a conocer unos hechos del todo inhabilitantes para estar al frente de cualquier entidad pública, como es el caso de Adelquivir”.

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