Cerramos el mes de octubre con 2.150 personas paradas más en la provincia de Sevilla, que suman hasta un total de 221.368 registradas en las oficinas del SAE, lejos aún de las cifras previas al inicio de la crisis sanitaria y la declaración del Estado de alarma en marzo pasado.

Si bien la provincia ha incrementado 12.751 personas afiliadas a la Seguridad Social y llega a los 746.571 -unas mil más de las que tenía justo antes de la pandemia-, esta se ha cobrado 27.899 puestos de trabajo en nuestra provincia respecto a febrero, cuando el número de parados/as era de 193.469. Hay que añadir, además, el efecto positivo que produce todavía el sostén de los ERTE para cerca de 18.000 personas, que se consideran afiliadas pese a no estar trabajando de forma efectiva.

Las cifras siguen poniendo en evidencia cuestiones estructurales de nuestro país y muy recurrente en nuestra provincia: por una parte, la fuerte especialización ocupacional del sector servicios, que reporta el 66,8% del total de personas paradas; por otra, el rostro femenino del paro en nuestra provincia: las mujeres son el 60% del total.

Teniendo en cuenta que la actividad económica es el resultado de una serie de elementos que tienen un carácter estructural, como las condiciones naturales, el nivel de desarrollo tecnológico, la estructura de las empresas, el modelo de financiación, las políticas públicas o los condicionantes externos, parece evidente que la clara especialización ocupacional de la economía españoĺa en agricultura, comercio, hostelería, servicios administrativos y auxiliares (incluidos los servicios de vigilancia, limpieza, etc.) y servicio doméstico, sitúa el espejo de nuestro sistema productivo ante sectores de claro predominio de la precariedad laboral. En este sentido, la situación provocada por el virus Covid-19 ha puesto de manifiesto las debilidades de un sistema productivo basado en el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria; es algo generalizado en nuestro país, pero muy especialmente en Andalucía.

En la provincia de Sevilla, el núcleo del crecimiento económico antes y al final de la crisis de 2007 ha pivotado en torno al turismo, la hostelería y las actividades recreativas, a las que se han unido la recuperación de la construcción y las inmobiliarias en los últimos años. En el escaso peso de la industria manufacturera, las actividades profesionales y técnicas, las finanzas, la educación y, sobre todo, la sanidad y los servicios asistenciales, está una de las claves de por qué también estamos a la cola en la respuesta a la crisis sanitaria.

Tenemos que aprender de las dificultades de producción de bienes básicos y elementos sanitarios esenciales que hemos sufrido al inicio de la pandemia. Debemos afrontar, como sociedad, el reto de superar los efectos ocasionados por esta enfermedad global, pero esto sólo se logrará en las sociedades que tengan organizaciones productivas propias que lo permitan. Esa es la tendencia que tenemos que impulsar.

Es obvio que necesitamos un cambio en la estructura económica del empleo, y que este debe orientarse hacia una mayor diversificación, una mayor sostenibilidad ambiental y un reforzamiento del sector público.

Así mismo, tenemos que revertir la serie histórica de reducción de derechos laborales, recortes de los servicios públicos, depauperación del sector científico tecnológico y desindustrialización de nuestro territorio.

En Izquierda Unida creemos que el objetivo de reindustrializar el país debe ser una prioridad para la reconstrucción social y económica. La industria es un sector clave en el conjunto de la actividad productiva en todos los países, con un impacto positivo sobre la balanza comercial y una notable aportación al progreso tecnológico. Además, aporta mayor capacidad para generar empleos de calidad y tiene un efecto tractor, vía demanda, sobre los servicios de mercado, en tanto que se trata del sector que más consumos intermedios requiere por cada unidad de producción, generando notables efectos indirectos en otros sectores. Con el fortalecimiento de la industria, logramos tres objetivos concretos: la protección de la salud de la sociedad y de los trabajadores y trabajadoras, la reconstrucción social y económicamente del país y, por último, afrontar el reto de la doble transición ecológica y energética.