La Red de Activistas de Izquierda Unida de Sevilla ha presentado este miércoles ante la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía un recurso procedente contra la convocatoria urgente de 159 plazas para personal funcionario interino y laboral temporal que, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, pretende proveer de un refuerzo sanitario y entre cuyas plazas, por cierto, no hay ni personal médico o de enfermería o ninguna otra plaza sanitaria. Este recurso lleva la firma de más de 50 miembros de la Red de Activistas de IU Sevilla.

Por el contrario, se persigue una selección sin garantías, vulnerando cualquier principio elemental de igualdad, experiencia, mérito o capacidad y cuyo fin principal no es otro que sacar adelante con el personal técnico afín, el polémico Decreto Ley río 2/2020 de 9 de marzo, (ya recurrido y abiertamente inconstitucional) por el que, entre otros contenidos, se daba barra libre a los ayuntamientos para la especulación urbanística, fenómeno éste que creíamos superado tras la crisis del ladrillo de 2008 que tanta ruina económica trajo a este país y en particular a Andalucía y a Sevilla.

Las numerosas irregularidades de la convocatoria, plazo de 24 horas, escribir a una dirección de correo, no necesidad de presentar un curriculum, dar validez al orden de llegada, falta de publicidad o confirmar la aceptación del puesto mediante una llamada de teléfono, no hacen sino sonrojar ante el modo de enchufismo más descarado que incumple todas las formas de acceso reglado al sector público.

Si las formas resultan escandalosas, el fondo también contiene elementos altamente repudiables. Excluye a determinados colectivos sociales a quienes, precisamente la administración, debe favorecer para su inclusión de manera positiva, así como a los mayores de 60 años, requisito claramente anticonstitucional, o lo que ya es el colmo, excluir a personas que tengan un listado de enfermedades (diabéticas, hipertensión, oncológicas y otras), vulnerandose claramente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otras normas internacionales, tanto europeas como internas.

Se puede decir, que el asunto que se analiza en este recurso es groseramente contrario a derecho, ya que, por un lado, se utiliza una estrategia dolosamente ideada para que el asunto cuele de una forma lo menos perceptible posible. Y a esos efectos en marzo publicaron las bases del proceso, y en julio sacan en el portal del empleado la convocatoria. Con lo que evitan que en el mes de marzo, ya declarado el confinamiento, les llegasen las solicitudes ya que no iban a poder ser tramitadas. Y ya de camino le pasan la información a quienes puedan ir buscando a l@s candidat@s que les convenían, academias, centro de formación, etc. Para finalmente, en un mes que ya existe un mayor número de personas en vacaciones sacan la convocatoria, pero sólo con un plazo de 1 día para la presentación de las solicitudes y la documentación necesaria.

En definitiva, se trata de un proceso sin controles ni garantías, que pretende enchufar a comisarios políticos en ciertos puestos clave de los servicios de la administración autonómica, para conseguir reactivar la conocida como “Ley Aznar” que recupera la cultura del pelotazo urbanístico y, para colmo, amparándose, arteramente, en una pandemia sanitaria.

De la misma manera que hemos presentado recurso procedente ante la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, en la mañana de hoy también registramos una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, para que inste al Defensor del Pueblo Estatal que tiene la competencia para iniciar un recurso de inconstitucionalidad, así como solicite a la administración autonómica su retirada inmediata. Si no surten efecto estas actuaciones ya anunciamos que acudiremos a los tribunales para así evitar los gravísimos daños que este modelo de administración traerá a Andalucía.

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