Se solicita introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los PGE y suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, entre otras cuestiones.

Las consecuencias devastadoras que ha provocado tanto la crisis que arrastramos desde hace una década como la gestión de la misma, se siguen notando en las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social. Millones de personas a las que la recuperación económica tantas veces proclamada no ha beneficiado aún en absoluto, y entre las que se acrecienta la preocupación por un futuro incierto que no parece encaminarse a la adopción de medidas que permitan recuperar unos mínimos de bienestar social y protección pública.

Entre los colectivos más castigados se encuentra el de personas pensionistas, cuyo poder adquisitivo está en caída libre y en cuyas espaldas recae no sólo la ardua tarea de subsistir con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos ser el sostén de sus familias: hijos e hijas que han perdido el empleo o que tienen salarios tan escasos que hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores.

De esta forma IU en la Diputación presenta al próximo Pleno que se celebra el jueves una Moción en la que se recogen los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que muestran que en nuestra provincia residen 327.893 pensionistas que cobran una pensión media de 929,76, siendo de 1.068 e en hombres y 786€ las mujeres.

Así mismo se destaca que las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y en 2013 incorporaron elementos muy regresivos que nos alejan de garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.

Por todo ello se solicita, en consonancia con la Proposición No de Ley que IU ha presentado en el Parlamento Andaluz, introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los PGE cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes y suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la Seguridad Social.

Así mismo se proponen otra serie de medidas como:

- Potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo, intensificando las campañas en los sectores en los que se ha detectado mayor fraude en la contratación a tiempo parcial, como hostelería y comercio.

- Modificar las infracciones y su régimen sancionador en el Texto Refundido para mejorar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.

- Eliminar el factor de sostenibilidad, contrario al principio de suficiencia recogido en el artículo 41 de la CE y del índice de revalorización, contrario en este caso al derecho constitucional a tener una pensión
actualizada, según establece el artículo 50 de la CE.

- Restituir la edad de jubilación en los 65 años y que, a partir de los 61 años, las personas con 35 años cotizados puedan jubilarse sin penalización.

- Introducir las modificaciones legales que permitan la posibilidad de elegir para el cálculo de la base reguladora los 240 mejores meses de toda la vida laboral, sin que los mismos deban ser consecutivos.

- Flexibilizar los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, a la jubilación parcial y suprimir los incentivos al retraso de la jubilación.

- Incorporar las horas extraordinarias en el cálculo de la base reguladora y recuperación de la cuantía del 60% de la misma a partir de los seis meses de percibir la prestación, actualmente en el 50%.

.-Fijarla cuantía mínima del subsidio por desempleo en el 75% SMI, actualmente en el 80% del IPREM, elevando todos los subsidios en función de las cargas familiares hasta un 133%.

-Recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, actualmente 55 años, extendiéndolo a las personas fijas discontinuas y a las personas trabajadoras de régimen agrario, elevando su cuantía al 75% del SMI, abriendo la posibilidad a optar entre el subsidio y la jubilación anticipada y computando para su cálculo los ingresos de la persona beneficiaria, no los de toda su unidad familiar.